En Texas, los conductores reincidentes por conducir bajo los efectos del alcohol deben instalar un dispositivo de bloqueo de arranque en sus vehículos durante dos años o más. El coste de esta medida no es precisamente barato. La instalación cuesta unos 200 dólares y las cuotas mensuales pueden rondar los 100 dólares. No obstante, a pesar del gasto, a los reincidentes se les acaba retirando el dispositivo. Esto también conlleva un gasto considerable: una tasa de restablecimiento de 125 dólares para recuperar el permiso de conducir completo.
La ironía de los dispositivos de bloqueo de encendido es que en Texas nunca se retira de forma definitiva el permiso de conducir a quien comete un delito de conducción bajo los efectos del alcohol. No importa cuántas suspensiones acumule el conductor. Incluso tras repetidas condenas por este delito, el infractor nunca pierde su permiso de forma definitiva.
Pensemos en el caso de un hombre de Houston que fue condenado a cadena perpetua tras su novena condena por conducir bajo los efectos del alcohol. En el momento de su detención por ese incidente, poseía un permiso de conducir válido. El alcoholismo es una enfermedad reconocida por la comunidad médica. Por lo tanto, encarcelar a los alcohólicos es similar a encarcelar a alguien por padecer cáncer o cualquier otra enfermedad, como la esclerosis múltiple o el párkinson.
Dicho esto, la cuestión es cómo actuar con aquellos que no quieren dejar de conducir bajo los efectos del alcohol porque suponen un peligro para la sociedad. La única respuesta es la pena de cárcel, los dispositivos de bloqueo de arranque, las tobilleras electrónicas, las condenas, las multas y la rehabilitación obligatoria. Aunque es posible que, en última instancia, ninguna de estas medidas funcione con todas las personas con problemas de alcoholismo, quizá sirvan para llegar a algunas de ellas y sacarlas de las calles.
Acerca del autor
Kenneth «Tray» Gober III, J.D., es socio director de Lee, Gober & Reyna, PLLC en Austin, Texas. Graduado magna cum laude en 2005 por la Universidad Texas A&M y con honores por la Facultad de Derecho de Baylor, Tray está colegiado en los Colegios de Abogados de Texas (n.º de colegiado 300408), Colorado y Pensilvania, así como en el Colegio de Abogados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Representa a clientes con lesiones personales en todo Texas en casos de accidentes de tráfico, accidentes de camiones, reclamaciones relacionadas con vehículos autónomos, homicidio culposo, colisiones por conducción bajo los efectos del alcohol, responsabilidad civil por instalaciones y responsabilidad civil por productos defectuosos. Es una de las voces jurídicas más citadas de Texas en materia de legislación sobre vehículos autónomos y transporte impulsado por IA. Tray también ejerce como profesor adjunto de Estudios Paralegales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.